Y otro doble mortal de la SGAE

La SGAE ya no solo pierde los papeles, sino que se pasa hasta los derechos constitucionales por el forro de la camisa. Atención a la siguiente historia:

¿Puede la SGAE entrar en mi casa?

Mi nombre es Juan José Coronel Carrasco, soy estudiante de Informática, tengo 26 años y actualmente resido en Bonares (Huelva) junto a mis padres y mi hermano. Soy el administrador de las webs elitemula y etmusica, páginas de enlaces a archivos que circulan en redes p2p. Como se sabe, ahora la SGAE las persigue por lo civil porque no es delito.

Por la presente quiero hacer públicos unos hechos que considero atentan contra los derechos humanos de intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio. Contra todos sus responsables se está trabajando en la redacción de las acciones legales.

Ayer día 26 de Mayo de 2009, estando sólo en casa sobre las 12 y media de la mañana, llamaron a mi puerta cinco personas que dijeron venir “del Juzgado”. Aseguraron tener una orden para entrar en mi domicilio, revisar el contenido de los ordenadores que hubiera en la vivienda y requisar los discos duros de los mismos. No se identificaron más allá de que eran del Juzgado y no me enseñaron una orden de registro y entrada. Entraron en mi casa y me instaron a que les indicara dónde están los ordenadores de la casa. Les mostré mi portatil personal pero insistieron en verlos todos, incluido el de mi hermano. Entraron en todas las habitaciones e incluso abrieron algunas cajas de cartón de mi dormitorio, que no tenían ningún contenido especial más allá de enseres personales de algunos de los miembros de mi familia.

A resultas de las indicaciones que les di tras su solicitud, se localizó un portátil personal, mi ordenador de sobremesa y el de mi hermano. Un señor que se identificó como “perito informático” revisó el contenido de mis ordenadores personales. Luego intentó entrar al ordenador de mi hermano. Al estar éste protegido con contraseña, intentó saltársela. Como no tuvo éxito en su intento, me pidió la clave de acceso a lo que respondí que la desconocía. Llamé por teléfono a mi hermano que, pese a no comprender exactamente qué ocurría, me dio su contraseña personal al notar el estado de nervios, exaltación y miedo con el que se la estaba pidiendo. Finalmente el perito informático entró al ordenador de mi hermano y lo inspeccionó de forma especialmente exhaustiva.

Una vez inspeccionada la vivienda y revisado el contenido de todos los discos duros que encontraron en la misma, manifestaron que se los llevaban todos (el de mi ordenador de sobremesa, el de mi portátil, el del ordenador personal de mi hermano, un disco duro externo que tenía sobre una repisa y otro multimedia que tenía conectado a mi aparato de televisión). Se trataba en todos los casos de discos duros de uso doméstico sin más contenido que el habitual en cualquier ordenador de cualquier particular.

En ese momento, dos horas después de que hubieran entrado, telefoneo al abogado David Bravo que me pide que le lea el auto del juez que acuerda ese registro domiciliario y que, mientras tanto, exija a las personas “del Juzgado” que están en mi casa que dejen todo el material en la vivienda hasta que se aclaren las circunstancias del caso y se me informe debidamente. En ese instante pido la orden a los allí presentes y se la leo al abogado telefónicamente. El contenido de esa orden, de un Juzgado de lo Mercantil, literalmente es el siguiente:

“Igualmente se accede a la práctica de prueba anticipada requiriendo al demandado para que a presencia de la Comisión Judicial presente para su depósito temporal los discos duros de los ordenadores en los que se encuentran almacenados y desde los que se administran los sitios web elitemula y etmusica y en los que consten los datos sobre número de descargas de obras musicales efectuadas desde el mes de Septiembre de 2007 y desde el mes de Diciembre de 2007 respectivamente”.

David Bravo me explica telefónicamente que el auto que le he leído no autoriza ni la entrada, ni el registro domiciliario ni la revisión de los discos duros existentes en la vivienda. De hecho, se trata de una medida de aseguramiento de prueba común a las demandas civiles contra páginas de elinks. Según me explica, el cumplimiento de este auto -dictado habitualmente por jueces arrastrados por la ignorancia tecnológica de los letrados de SGAE- se hace llevando los discos al Juzgado, como cuando piden documentación contable. Me cuenta que, de hecho, en los casos de agujero.com e indiceweb.com esa prueba, al reconocer su inutilidad los propios abogados de SGAE, se sustituyó por la descarga completa de la web a presencia del juez, de las partes y del secretario sin traslado de disco duro y, desde luego, sin entrada e inspección de domicilio de ninguna clase.

Tras estas explicaciones previas de las que en ningún momento fui informado por los presentes, pese a que la SGAE ya tenía conocimiento del modo de práctica de esta prueba así como de su inutilidad a efectos prácticos, me pide el abogado que exija su identificación a las cinco personas que ocupan mi domicilio. Estas personas me dicen ser: la procuradora de SGAE, el perito informático de SGAE, que fue, a la postre, el que estuvo mirando mis ordenadores y el que eligió cuáles debía llevarse, un juez de Moguer que venía por exhorto, la secretaria judicial y un quinto señor que no se identificó.

El letrado David Bravo, atendiendo al hecho de que no me han enseñado orden judicial alguna que autorice la entrada y registro en mi domicilio, me pide que eche a todos los presentes de mi vivienda, exigiéndoles dejar mis pertenencias en la misma. En ese instante la procuradora de SGAE pide hablar con David Bravo, manifestándole ésta que pueden llevarse todos los discos duros e intentando convencerle en tal sentido asegurando que tiene “otros papeles” donde así se dice. Tras una larga discusión cuyo tono fue elevándose considerablemente, el letrado David Bravo instó a la procuradora de SGAE a que abandonara mi domicilio de forma inmediata.

El letrado me dio una serie de instrucciones y se ofreció a comparecer como testigo de estos hechos a cuantos tribunales le requirieran al efecto.

Finalmente, todos los presentes abandonaron la vivienda dejando los discos duros que portaban consigo, a excepción del correspondiente a mi portátil personal que entregué voluntariamente al Juez para ahorrarme un paseo al Juzgado. Se levantó acta de lo sucedido, por lo que tengo prueba documental de que estas personas estuvieron en mi domicilio y de que revisaron mis ordenadores y el contenido de seis discos duros, incluidos aquellos que estaban compuestos, total o parcialmente, por información, documentos, fotografías y correos electrónicos de los miembros de mi familia.

El abajo firmante, entendiendo que se han vulnerado frontalmente sus más elementales derechos constitucionales, emprenderá cuantas acciones legales sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos aquí narrados en orden a la depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder.